Esta semana, el control por las universidades públicas tuvo un nuevo round. El miércoles 15, los nueve consejeros de la Universidad de Córdoba, después de varias y largas reuniones, no pudieron ponerse de acuerdo para elegir el reemplazo de Claudio Sánchez, detenido a finales del año pasado por su presunta vinculación con grupos paramilitares.
La escogencia del rector ha estado enmarcada en una controversia que empezó hace unas semanas cuando se conoció el listado final de aspirantes.
Personas cercanas al proceso le dijeron a CAMBIO que la primera rectoría de la "era posparamilitar" estaba prácticamente asegurada para Lino Torregrosa, quien desde febrero es el rector encargado y cuenta con el apoyo de profesores y alumnos, pero que la situación ha cambiado ante el guiño de las altas esferas del Gobierno a favor de Emiro Madera Reyes, quien en las votaciones ha contado con el respaldo de los delegados oficiales.
La semana pasada, la ministra de Educación, Cecilia María Vélez, envió un mensaje en el que señalaba que se debía despolitizar la elección y dejar que fueran los consejeros quienes, de manera libre, escogieran al rector. "Aquí hay una lucha a muerte por el poder -le dijo a CAMBIO un alto funcionario de la Unicórdoba-. Cada grupo quiere poner a su ficha y ninguno está dispuesto a ceder. Habrá que esperar qué pasa la próxima semana".
El caso de la Universidad de Córdoba es apenas uno más en la lista de enfrentamientos que tiene el Gobierno Nacional con líderes regionales y locales por las instituciones públicas de educación superior, convertidas en el nuevo escenario de lucha política y territorial. Según expertos, esa pugna es manifiesta en las elecciones de rectores. Por un lado está el Gobierno, al que, a través de sus delegados, acusan de influir directamente en las votaciones al querer imponer a como dé lugar a sus candidatos y, por el otro, los poderes locales y regionales que buscan ganar más espacio en los centros académicos para difundir sus programas políticos y sociales.
Hace un mes, la disputa se dio en la Universidad Industrial de Santander, UIS, con la reelección como rector de Jaime Alberto Camacho, acusado de tener vínculos con el paramilitarismo y de fomentar un 'plan pistola' dentro de la universidad, quien contó con el apoyo del Gobierno Nacional. En ese momento, el gobernador de Santander, Horacio Serpa, dijo que la elección fue una burla y que se sintió desconocido en el proceso, por lo que votó en blanco. "No tuve ninguna actuación ni actividad en el proceso eleccionario -señaló-. Lamento lo ocurrido y rechazo el desconocimiento de la mayoría de los miembros del Consejo Superior, a todas luces inexplicable e inconveniente".
En la misma línea figuran las elecciones de rector en las universidades de Antioquia y Cauca, que también tuvieron críticas de analistas sobre la forma como el Gobierno estaba interviniendo para que los consejos superiores eligieran sus candidatos y en donde la Ministra de Educación habría cambiado sus delegados cuando se enteró de que querían votar por aspirantes diferentes.
Más intereses
Pero ¿por qué hay tanto interés por las universidades públicas? Para nadie es un secreto que las instituciones de educación superior son un importante fortín político y económico. Las 32 universidades públicas que tiene el país manejan un presupuesto que muchas veces supera al de los propios departamentos, lo que, a todas luces, las hace muy atractivas para cualquier grupo que quiera controlarlas. Por si fuera poco, las universidades son una de las mayores contratistas oficiales y administran un gran número de convenios y acuerdos. Esta fue, a juicio de expertos, una de las principales razones para que los grupos paramilitares emprendieran una campaña a sangre y fuego por su control. Además de drenar el mayor número de recursos hacia el proyecto de las Auc, les permitía establecer una burocracia que defendiera sus intereses. "Las universidades fueron un bocatto di cardinale para el proyecto paramilitar -dice Juan Sarmiento, consultor educativo- . Allí no solo tenían todos los recursos que querían sino que intimidaban, imponían y difundían lo que necesitaban".
Otro de los puntos que los expertos resaltan es el impacto académico. Quienes tienen el control de las universidades pueden desarrollar proyectos de incidencia en la comunidad educativa que respondan a los intereses que buscan. Además, les permite controlar cualquier brote crítico que no les convenga. "La importancia estratégica de las universidades es de tal dimensión que todos buscan tener su control -dice Carlos Ardila, analista educativo-. En las regiones, el que controla a la universidad, lo controla todo".
Por ahora esta disputa del Gobierno Nacional y de los poderes locales y regionales se trasladará a 10 universidades más, que deberán cambiar de timonel en los próximos meses. El hecho es que muchos expertos abogan porque realmente se respete la autonomía universitaria, el proceso electoral sea democrático y no político y porque los más capacitados sean los que de verdad las dirijan y no los que tienen más influencia. Lo cierto es que el pronóstico es de fuerte tensión.
fuente : www.cambio.com.co
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